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Resena: El senador indígena Jesús E. Piñacue A. de la república de Colombia presenta un proyecto de ley estaturia para el desarrollo legal del art. 246 de la Constitución de 1991 que establece la jurisdicción especial indígena, conteniendo principios, criterios fundamentales y  mecanismos de coordinación entre las Autoridades Indígenas y el sistema Judicial Nacional.  

Nota: Documento público. Fuente: www.etniasdecolombia.org/proyectos_ley.asp. Todos los derechos de autor pertenecen a sus firmantes. Puesto en línea por www.alertanet.org: Octubre 2003. Info webmaster: editora@alertanet.org 

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 (Bill on Special Jurisdiction)

 

COLOMBIA: PROYECTO DE LEY SOBRE JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA

 

JESUS ENRIQUE PIÑACUE ACHICUE

Senador de la República.

 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

 

Por medio del cual se establece los principios, criterios fundamentales y los mecanismos de coordinación entre las Autoridades Indígenas y el sistema Judicial Nacional, de conformidad con el Artículo 246 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones ¨ 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

CAPITULO I

 

AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 1º. AMBITO DE APLICACION.- Las disposiciones de esta ley regularán las relaciones entre las Autoridades indígenas, las Autoridades del sistema Judicial Nacional y las autoridades administrativas o de policía que sirvan de apoyo a la administración de justicia en el territorio nacional.

 

CAPITULO II

 

DE LOS CONCEPTOS Y DEFINICIONES

ARTICULO 2º. Para los efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:

 

JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA.- Es la facultad constitucional de las Autoridades indígenas de administrar justicia en todas las ramas del derecho, en forma autónoma, integral e independiente de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales, las normas y procedimientos propios y la legislación indígena especial vigente dentro de su ámbito territorial.

 

PUEBLOS INDIGENAS.- Se entiende por pueblos indígenas los grupos, comunidades, parcialidades e individuos descendientes de los pobladores originarios de América que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, manteniendo usos y valores de su cultura tradicional, así como instituciones de gobierno, de control social y sistemas normativos propios.

 

TERRITORIOS INDIGENAS.- Se entiende por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo indígena y aquellas que, aunque no están poseídas en dicha forma, constituyen su hábitat o el ámbito tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales, así otros grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho territorio.

 

 

AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.- Son las personas o instituciones reconocidas por el respectivo pueblo indígena como las Autoridades legítimas que administran y ejercen justicia en los territorios indígenas de conformidad con sus usos, costumbres, normas, procedimientos, reglamentos de convivencia y la legislación especial indígena.

Para efectos de la presente ley, Los Consejos Regionales, Los Consejos Territoriales de que trata el artículo 330 de la Constitución Política y demás Autoridades tradicionales, los Cabildos y Asociaciones de Cabildos o Autoridades Tradicionales de que trata el decreto 1088 de 1993, y demás instituciones que autónomamente creen los pueblos indígenas son las instancias legítimas encargadas constitucional, legal y consuetudinariamente de administrar justicia al interior de sus territorios.

 

VINCULACION SOCIAL Y CULTURAL.- Para efectos de determinar la competencia se considera que un ciudadano es indígena por adopción cuando mantiene relaciones de filiación, pertenencia e identificación cultural con un pueblo indígena sometiéndose voluntariamente a los usos y costumbres de la respectiva comunidad con el ánimo de establecer su domicilio en el territorio indígena respectivo.

 

AUTORIDADES DEL SISTEMA JURIDICO NACIONAL.- Para efectos de la presente ley se consideran autoridades del Sistema Jurídico Nacional las definidas en los artículos 11, 12 y 13 de la ley 270 de 1996, ¨ Estatutaria de la Justicia ¨ o las que determine el legislador.

 

AUTORIDADES DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.- Para efectos de la presente ley se consideran autoridades de apoyo el Instituto Nacional Penitenciario- INPEC, El Instituto Colombiano Bienestar Familiar - ICBF, La Policía Nacional, El Departamento Nacional de Seguridad - DAS, y las demás que tengan atribuida por disposición legal o reglamentaria funciones de policía judicial o que coadyuven a la administración de justicia.

 

CAPITULO III

 

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 3º. PLURALISMO JURIDICO.- El Estado reconoce y protege la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, de conformidad con el principio constitucional de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

   

ARTICULO 4º. AUTONOMIA JUDICIAL.- Las Autoridades de los pueblos indígenas gozarán de Autonomía para el ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, dentro de las diferentes áreas del derecho, de conformidad con sus usos, costumbres, normas y procedimientos siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.

 

ARTICULO 5º. DEBIDO PROCESO.- Las Autoridades de los pueblos indígenas autónomamente aplicarán en sus actuaciones judiciales y administrativas los usos, costumbres, normas y procedimientos garantizando a las partes el ejercicio pleno de sus derechos.

Los pueblos indígenas podrán establecer instancias para la revisión de las decisiones de sus autoridades con el fin de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso.

 

ARTICULO 6º. ACCESO A LA JUSTICIA.- Las Autoridades e Instituciones de los pueblos indígenas garantizarán el acceso a la justicia de todos sus miembros y de aquellos que no siendo indígenas tengan su domicilio en el territorio indígena y se encuentran vinculados familiar, social y culturalmente a la respectiva comunidad.

 

ARTICULO 7. IDIOMA OFICIAL.- Las Actuaciones de las Autoridades Indígenas se harán en el idioma oficial de su territorio tal como lo establece el artículo 10 de la Carta Política.

Las Autoridades del Sistema Judicial Nacional cuando haya un indígena sometido a su jurisdicción, de oficio, a petición de parte, de la Autoridad Indígena o del Ministerio Público, nombrarán un interprete que domine el idioma indígena y el español con el fin de garantizar el derecho de defensa y el respeto a la identidad étnica y cultural del indígena procesado. Igual proceder deberán tener las Autoridades Indígenas cuando deban juzgar a un indígena o persona vinculada culturalmente que no hable el respectivo idioma indígena.

 

ARTICULO 8º. RESPETO A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL.- La coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena propenderá por la protección y fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas dentro de los límites establecidos por la Constitución política y los Tratados internacionales sobre la materia.

 

ARTICULO 9º. RECIPROCIDAD.- Con el objeto de facilitar la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, las autoridades Indígenas al igual que las Autoridades del Sistema Judicial Nacional actuarán aplicando el principio de reciprocidad en sus actuaciones con la finalidad de que se cumpla con la obligación de administrar justicia a los justiciables en todo el territorio nacional.

ARTICULO 10º. COSA JUZGADA. Las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas tendrán los efectos jurídicos que los sistemas normativos de los pueblos indígenas prevean.

Las decisiones de las autoridades indígenas proferidas en ejercicio de la jurisdicción especial indígena tendrán efectos de cosa juzgada para tal efecto las Autoridades indígenas a petición de parte, de las Autoridades del Sistema Judicial Nacional o del Ministerio Público expedirá la respectiva certificación o las copias de la decisión o sentencia al interesado para evitar la violación del principio ¨nom bis in idem¨. Igual proceder deberán observar las Autoridades del Sistema Jurídico Nacional en las mismas circunstancias.

Las decisiones de los jueces ordinarios en las que se involucre un indígena, tendrán los efectos señalados en el Sistema Judicial Nacional y hacen tránsito a cosa juzgada.

 

Parágrafo: Los indígenas condenados por las Autoridades de la jurisdicción especial indígena que ejerzan funciones públicas serán destituidos de sus cargos, para tal efecto las Autoridades indígenas remitirán a las instituciones o autoridades competentes la solicitud con los anexos correspondientes.

 

CAPITULO IV

 

COMPETENCIAS

ARTICULO 11º. REGLAS DE COMPETENCIA.- Las siguientes serán las reglas mediante las cuales se coordinarán las competencias entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, Las autoridades de los pueblos indígenas conocerán:

1. De los asuntos de cualquier naturaleza o materia sucedidos dentro de sus territorios, entre indígenas y entre estos y sus instituciones creadas para el ejercicio de sus derechos, como los resguardos, cabildos, asociaciones de cabildos, asociaciones de autoridades tradicionales, E.P.S. , I.P.S, núcleos educativos, etc.

2. Igualmente conocerán de los asuntos de cualquier naturaleza o materia sucedidos dentro de sus territorios, entre indígenas y otros nacionales vinculados familiar, social y culturalmente a la comunidad.

3. Igualmente podrán conocer aquellos asuntos sucedidos por fuera de sus territorios cometidos por indígenas que se encuentren transitoriamente fuera de su ámbito territorial tradicional y cuando se presenten casos entre indígenas por fuera de su ámbito territorial, En estos casos las Autoridades del Sistema Judicial Nacional notificarán a la Autoridad Indígena correspondiente para que esta decida si asume o no el caso. La respuesta de la Autoridad Indígena podrá ser escrita o verbal, en este último caso el secretario del Despacho correspondiente dejará constancia escrita, la cual será firmada por el representante legal del territorio indígena o a ruego, en caso de no saber firmar.

En los casos cuando las decisiones de las autoridades ordinarias surtan efecto en el territorio indígena en razón de que los interesados tengan su domicilio en este, los funcionarios judiciales deberán al momento de tomar la decisión correspondiente acoger y aplicar los usos, costumbres y mecanismos de resolución de conflictos internos, especialmente los relacionados con la forma de determinar el parentesco y las responsabilidades personales y sociales derivadas de este, además, cuando se impongan penas relacionadas con el pago de sumas periódicas de dinero se deberá tener en cuenta las prácticas económicas tradicionales a fin de determinar cual es la forma tradicional de compensación o pago utilizada por el pueblo indígena.

 

Paragrafo 1º: Las autoridades de los pueblos indígenas en ejercicio de la jurisdicción tendrán la facultad de remitir a la jurisdicción nacional los casos, que por razones de grave alteración del orden público o social, grave conflicto de intereses o fuerza mayor, consideren que deben ser resueltos por las autoridades judiciales ordinarias. Esta decisión no será considerada denegación de justicia. Igualmente podrán solicitar en materia penal que la Fiscalía General de la Nación adelante la parte investigativa del proceso, y posteriormente rinda un informe a la respectiva comunidad, del caso encargado.

 

Paragrafo 2º: Las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, tienen la facultad autónoma, previo reunión de la asamblea general de cada pueblo indígena, de permitir el autoreconocimiento de las comunidades indígenas, y por ello, son los únicos autorizados para expedir la certificación de pertenencia de una comunidad o individuo a un pueblo indígena.

 

Paragrafo 3º: La Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, adelantara un programa de atención en los territorios indígenas, con el objetivo de apoyar el respeto de la jurisdicción especial indígena de los Pueblos indígenas y de sus miembros.

 

ARTICULO 12º. CONFLICTOS DE COMPETENCIA.- Los conflictos de competencia que se susciten serán resueltos de la siguiente manera:

Cuando se trate de conflictos de competencia entre autoridades indígenas estos serán resueltos de conformidad con sus usos, costumbres, normas y procedimientos acudiendo a sus propias instancias cuando estas existan o creando las que sean necesarias.

Cuando se trate de conflictos de competencia entre autoridades de los pueblos indígenas y autoridades del sistema judicial nacional serán resueltos por la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura.

CAPITULO V

 

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 13. FORMALIDADES.- Las formalidades de las actuaciones de las autoridades indígenas se determinarán por los usos, costumbres, normas y procedimientos de cada pueblo indígena.

Cuando una decisión de las Autoridades indígenas surta efectos fuera del ámbito territorial y afecte bienes sujetos a registro de propiedad de ciudadanos indígenas o vinculados culturalmente, la sentencia o decisión se inscribirá en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para tal efecto los Registradores de Instrumentos Públicos harán la correspondiente anotación en la forma como preceptúa el decreto 1250 de 1970, dejando constancia de cual fue la Autoridad Indígena que ordenó la inscripción.

Cuando se trate de automotores, la autoridad competente procederá a inscribir la sentencia o decisión, previa solicitud de la autoridad indígena acompañada de los anexos necesarios. Para efectos de hacer cumplir las ordenes de embargo y secuestro de bienes muebles, las autoridades de policía y administrativas competentes pondrán a disposición de las Autoridades indígenas los medios necesarios para su cumplimiento.

 

Parágrafo.- Para efectos de probar la personería jurídica los Consejos Regionales, los Consejos Territoriales y demás Autoridades Tradicionales deberán presentar copia auténtica de la resolución expedida por el Ministerio del Interior en cumplimiento de las normas pertinentes contenidas en la ley 199 de 1995 y el decreto reglamentario 0372 de 1996, los Cabildos Indígenas deberán presentar copia del acta de posesión firmada por el respectivo alcalde municipal, y las Asociaciones de Cabildos o de Autoridades Tradicionales el certificado de representación legal expedido por el Ministerio del Interior en cumplimiento del decreto 1088 de 1993.

 

ARTICULO 14º. CONVENIOS.- Las Autoridades Indígenas podrán suscribir convenios con el Instituto Nacional Penitenciario - INPEC, o quien haga sus veces, con el objeto de la prestación del servicio de reclusión en las penitenciarias administradas por esta institución y para el caso de la entrega en custodia de los miembros de Pueblos indígenas.

 

ARTICULO 15º. REDENCION DE PENAS. Previa solicitud de las Autoridades Indígenas, los indígenas condenados por la jurisdicción penal podrán ser entregados en custodia a su respectiva comunidad para desarrollar trabajos comunitarios dentro del territorio indígena a efectos de redimir la pena en los términos previstos en la ley 65 de 1993. El Director del respectivo centro penitenciario o carcelario, podrá acordar y fijar con la Autoridad Indígena las condiciones de la prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades.

Los indígenas beneficiados con esta medida podrán pernoctar en el territorio indígena con el compromiso de presentarse cuando sean requeridos por la Autoridad Penitenciaria o Carcelaria.

 

Parágrafo. A fin de garantizar la integridad étnica y cultural de los indígenas condenados por la jurisdicción penal estos deberán ser recluidos siempre en el centro penitenciario o carcelario más cercano a su territorio, en centros especiales con el fin de lograr su readaptación mediante mecanismos de trabajo y educación adecuados culturalmente preservando al máximo la cultura, costumbres, idiomas, lazos familiares y formas tradicionales de Autoridad; se prohibe el traslado de indígenas a otros centros penitenciarios, que generen su alejamiento de su ámbito familiar y cultural .

 

ARTICULO 16º. MENORES INDIGENAS. A solicitud de las Autoridades Indígenas, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, prestará la asesoría necesaria para la prevención de las conductas que afecten la integridad familiar y los derechos del menor, igualmente, deberá prestar la colaboración necesaria para rehabilitar a los menores indígenas que cometan conductas punibles propendiendo a su readaptación social y cultural, y su reinserción al ámbito territorial.

 

ARTICULO 17º. AUTORIDADES DE PAZ. Las Autoridades indígenas tendrán las mismas funciones en materia de Paz que las normas legales o reglamentarias asignen a los Gobernadores y Alcaldes, igualmente podrán aplicar sus sistemas de resolución de conflictos para velar por el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y el respeto de los Derechos Humanos por parte de los actores del conflicto armado.

 

ARTICULO 18º. PRACTICA E INTERCAMBIO DE PRUEBAS.- Las Autoridades del Sistema Judicial Nacional, las Autoridades que cumplan funciones de policía judicial y las Autoridades indígena en aplicación del principio de reciprocidad, podrán solicitar la práctica y el intercambio de pruebas, previa solicitud escrita, con el fin de llevar a buen término las investigaciones judiciales. Las autoridades indígenas podrán oficiar a los laboratorios especializados de la administración de justicia para que realicen las pruebas técnicas requeridas en ejercicio de una investigación jurisdiccional.

 

  

ARTICULO 19º. DEL CONTROL DISCIPLINARIO.

Las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, por desarrollar una función pública, estarán sometidos al control disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación.

 

CAPITULO VI

 

DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA RAMA JUDICIAL

ARTICULO 20º. DE LA PREPARACION DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA RAMA JUDICIAL.- A través del procedimiento legal de la consulta previa, el Consejo Superior de la Judicatura deberá garantizar a los pueblos indígenas la participación de sus autoridades y de sus organizaciones representativas en la preparación del plan de Desarrollo de la Rama Judicial, en lo que se refiere a la implementación de la Jurisdicción Especial Indígena.

 

ARTICULO 21º. ARTICULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA RAMA JUDICIAL CON LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA.- En la preparación y adopción del Plan de Desarrollo de la Rama Judicial a que se refiere el numeral 2 del artículo79 de la ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura deberá incluir los programas, planes, proyectos y acciones definidos por las autoridades de los pueblos indígenas, para el pleno desarrollo y funcionamiento de la jurisdicción especial indígena.

 

ARTICULO 22º. RECURSOS.- El Gobierno nacional destinará los recursos necesarios del presupuesto asignado a la Rama Judicial, para el desarrollo de la jurisdicción especial indígena, porcentaje que deberá ser incluido en el anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial y en el Proyecto de Presupuesto general de la nación.

 

ARTICULO 23º. DEL CONTROL FISCAL.- Sin perjuicio de los sistemas de control propios de cada pueblo indígena corresponde a la contraloría general de la República, ejercer el control fiscal de la ejecución de los recursos de que habla el artículo anterior, por parte de las autoridades indígenas. Para este efecto creará un programa especial de control fiscal.

 

ARTICULO 24º. CAPACITACION Y DIVULGACION.- El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial ¨Rodrigo Lara Bonilla¨ en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, desarrollará los programas de capacitación y divulgación con las autoridades del sistema judicial nacional y de la jurisdicción especial indígena para dar a conocer e implementar los mecanismos de coordinación previstos en esta ley.

ARTICULO 25º. INTERPRETACION. Las disposiciones de la presente ley deberán interpretarse en concordancia con las normas especiales sobre pueblos indígenas consagradas en la Constitución Política, los Convenios internacionales que sobre la materia suscriba y ratifique el Estado colombiano y los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Además, será de obligatoria consulta la jurisprudencia constitucional sobre la materia cada vez que una autoridad del sistema judicial nacional deba tomar una decisión que afecte a un pueblo o ciudadano indígena.

 

ARTICULO 26º. VIGENCIA.- La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

 

 

 JESUS ENRIQUE PIÑACUE ACHICUE

Senador de la República.

_______________

Fuente: www.etniasdecolombia.org/proyectos_ley.asp

Nota: Ver comentario introductorio al Proyecto y foto de senador, en sitio: Etnias de Colombia.

También ver análisis comparado de este proyecto y otros por Willem Assies en Forum II

Dirección de esta página: http://alertanet.org/f2b-proyecto-colombia.htm (Octubre 2003) 

Edición de la página: www.Alertanet.org  Info webmaster: editora@alertanet.org

 

 

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E. Sáchez y C. Jaramillo: La Jurisdicción Especial Indígena
(2001)


Constituyencia Indígena y Código Ladino por América - B. Clavero (2000)


Coordinación derecho indígena y derecho estatal R. Yrigoyen (1999)


M. Castro: derecho consuetudinario y Pluralismo


El Reto de la Diversidad. W. Assies, vd Haar y Hoekema (Castellano) 1999

-Pueblos indigenas: derecho penal y derechos humanos

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