ALERTANET EN DERECHO Y SOCIEDAD/ LAW & SOCIETY
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FORO II: PROPUESTAS DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL y JURISPRUDENCIA:  DERECHO INDIGENA Y DERECHOS HUMANOS.

Indigenous law and human rights

 

Reseña: El Proyecto de ley que se adjunta es el segundo Borrador que aprueban las Rondas Campesinas en el I Encuentro Nacional de RC, 
realizado en Chocas, Lima-Perú (11/3/2001), con participación de unos 250 delegados del país. 
Este Proyecto recoge y mejora la propuesta aprobada en el I Encuentro Regional de Rondas Campesinas 
realizado en Bambamarca, Cajamarca- Perú los días 30-31 de Octubre del 2000, 
El Proyecto incluye:
-          Considerandos: a) realidad social, y b) marco legal (Textos de la Constitución, Convenio 169 de la OIT y del Código Penal de 1991).
-          Disposiciones específicas para las Rondas Campesinas.
-          Disposiciones comunes para Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas Campesinas. 
-          Disposiciones sobre la justicia Indígena y comunal: incluye la validez de los actos jurídicos y decisiones de la jurisdicción especial y derecho consuetudinario.
-          Mecanismos para solucionar presuntos conflictos entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos.
Info: CEAS: dignidad@ceas.org.pe.
 

“PROYECTO DE LEY SOBRE RONDAS CAMPESINAS Y JUSTICIA CAMPESINA/ INDIGENA”

Proyecto de ley de desarrollo constitucional del Art. 149 y adecuación normativa del

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

(SEGUNDO BORRADOR) Aprobado en el I Encuentro  Nacional de Rondas Campesinas, Chocas, 11/3/2001

 

CONSIDERANDO:

 

Realidad Social

 

1.       Que en el país existen pueblos indígenas y otras organizaciones comunales. Como formas de organización comunal existen Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas. Las Rondas Campesinas son formas de organización comunal que nacieron donde no había comunidades campesinas así constituidas, sino estancias, aldeas, caseríos y centros poblados. En tales lugares, las RC constituyen “la organización comunal”, que representa y organiza la vida comunal, ejerce funciones de justicia, gobierno local, interlocución con el estado y realiza tareas de desarrollo, seguridad y paz comunal. Donde existen comunidades campesinas y nativas, ellas tienen sus propios órganos de justicia, que en algunos casos llaman rondas campesinas. También se llama Rondas Campesinas a organizaciones de nivel supracomunal que ejercen funciones de justicia.

 

2.       Que los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas y rondas campesinas tienen su propio derecho consuetudinario y formas de administración de justicia, que se rigen de acuerdo a sus propios principios y cultura.

 

Marco Legal de reconocimiento del Pluralismo Legal

 

3.       Que la Constitución Política del Perú de 1993 en su art. 2, inc. 19 reconoce el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural, y establece que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Así mismo, en su art. 149 establece que las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, y las Rondas Campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona; y que la ley establecerá las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

 

4.       Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que forma parte del derecho nacional por haber sido ratificado por el Perú en 1994, reconoce en el art. 1º inc.1, literal b) e inc. 2, el derecho de los pueblos indígenas a su autoidentificación; establece en  el art. 2, inc.2, literal b) el respeto a la identidad social y cultural, costumbres y tradiciones e instituciones de los pueblos indígenas; garantiza en el art. 6 el derecho de Consulta cada vez que se prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; dispone en el art. 7, inc. 1º que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. También establece que los pueblos indígenas deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente; garantiza en el art. 8, el respeto del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, y el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos humanos, debiendo establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que surjan entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos; dispone en el art. 9, inc.1 que se deberán respetar los métodos a los que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros; establece en el art. 12 que los pueblos indígenas deberán tener protección contra la violación de sus derechos, pudiendo iniciar procedimientos legales, para asegurar el respeto efectivo de sus derechos; dispone en el art. 35 la preeminencia de las normas que otorgan más derechos y ventajas a los pueblos indígenas; y establece en el art. 33, inc.1, literal b) que la proposición de medidas legislativas y de otra índole para la aplicación del Convenio, deberá hacerse en cooperación con los pueblos indígenas.

 

5.       Que la ley 24571 de 1986 reconoce la existencia legal de las Rondas Campesinas pacíficas, democráticas y autónomas como organizaciones destinadas al servicio de la comunidad, el desarrollo y la paz social, teniendo además como objetivos la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes. Y establece que su estatuto y reglamentos se rigen por las normas de las comunidades campesinas que establecen la Constitución y el Código Civil.

 

6.       Que el Código Penal de 1991 en el art. 15 dispone que “el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad”, por lo cual ninguna persona que realiza un hecho punible basado en su costumbre o cultura puede ser perseguido penalmente. Este artículo es aplicable a casos anteriores a 1991 por el principio de retroactividad benigna garantizado en la Constitución en su art. 103.

 

7.       Que la Ley de Comunidades Campesinas 24656 y la Ley de Comunidades Nativas reconocen derechos a las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.

 

SE RESUELVE:

 

Sobre Rondas Campesinas

 

1.       Personalidad jurídica y derechos. Reconózcase personalidad jurídica a las Rondas Campesinas, como forma autónoma y democrática de organización comunal la cual ejerce funciones de gobierno local, interlocución con el estado, administración de justicia, desarrollo, seguridad y paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca.

 

2.       Derechos y deberes de los miembros de las RC. Los miembros de las Rondas Campesinas tienen los derechos y deberes que establezcan las mismas, sin menoscabar sus derechos fundamentales. Las RC promoverán los derechos y participación de la mujer a todo nivel. Igualmente tendrán consideración especial de los derechos del niño y adolescente, minusválidos y ancianos.

 

3.       Derecho de no discriminación. Bajo responsabilidad, las instituciones y autoridades del sector público ni privado pueden discriminar en el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales a los miembros ni las organizaciones campesinas.

 

4.       Derecho a la autonomía interna. Reconózcase a las Rondas Campesinas, democráticas y autónomas su derecho a la autonomía organizativa, administrativa, económica, jurisdiccional y en todos los campos, en el marco de su propio derecho consuetudinario y los DH. Las RC acreditan a sus miembros. Su Estatuto y Reglamento se elaboran por la propia organización rondera.

 

Derechos Comunes de Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas Campesinas

 

5.       Gobierno local. Reconózcase a los pueblos indígenas, CC, CN y RC las atribuciones del gobierno local dentro de su ámbito territorial. Ello incluye la designación y destitución de sus propias autoridades, y la determinación de sus programas y planes de desarrollo.

 

6.       Derecho de consulta y participación. Reconózcase a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas, y rondas campesinas el derecho de consulta previa a todas las medidas legislativas y administrativas que puedan de afectarles. La falta de consulta previa hace inexigibles dichas medidas administrativas o legislativas para los PI, CC, CN y RC. Se destinarán fondos públicos en el presupuesto nacional, regional y distrital para el ejercicio del derecho de consulta  y participación.

 

7.       Derecho de control y fiscalización. Reconózcase a los PI, CC, CN y RC su derecho de participación, control y fiscalización de los programas, presupuestos, planes y políticas de desarrollo local, regional y nacional. También tienen el derecho de controlar y fiscalizar a las autoridades de todo nivel. Tienen el derecho de promover la remoción de las autoridades locales y regionales, mediante procedimiento especial y directo.

 

8.       Coordinación. Establézcase relaciones de coordinación entre autoridades del sector público y las de la jurisdicción especial, sin menoscabo de la autonomía de éstas. Los PI, CC, CN y RC elegirán a los órganos de coordinación entre tales formas de organización y la jurisdicción ordinaria, el gobierno municipal, regional y central. Si así lo establecen, el juez de paz puede ser el órgano de coordinación entre la jurisdicción especial y la ordinaria, y el agente municipal el órgano de coordinación entre el Municipio y la organización comunal o indígena de que se trate.

 

Justicia Indígena y comunal

 

9.       Reconocimiento y respeto del derecho consuetudinario y jurisdicción especial. Reconózcase la validez y vigencia de las decisiones de las Rondas Campesinas, PI, CC y CN en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y la aplicación de su derecho consuetudinario dentro de su ámbito territorial, sin violación de derechos humanos. Las decisiones de las autoridades comunales constituyen cosa juzgada. Las autoridades del Estado y los particulares deberán respetar y acatar dichas decisiones. Las autoridades registrales están obligadas a la inscripción de actos jurídicos y decisiones tomadas por la jurisdicción especial y el derecho consuetudinario.

 

10.   Relaciones de coordinación y apoyo. Establézcase relaciones de coordinación entre las autoridades de la jurisdicción especial y las autoridades de la jurisdicción ordinaria y otras autoridades del sector público, respetando el derecho de autonomía de aquellas. Las autoridades de la jurisdicción especial pueden solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás autoridades del Estado.

 

11.   Procedimiento especial en caso de presunta violación de derechos humanos. Instáurese procedimientos adecuados para resolver presuntos conflictos entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos. En caso de presunta violación de derechos fundamentales de la persona por parte de la jurisdicción especial, deberá conformarse un tribunal mixto compuesto por autoridades de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción especial para resolver el conflicto mediante reglas de equidad. En caso de que no se llegue a un acuerdo en el Tribunal Mixto, el caso pasará al Tribunal Constitucional, el que para estos efectos incluirá un miembro supernumerario que conozca el derecho consuetudinario.

 

Otras disposiciones

 

12.    Día de las Rondas Campesinas. Establézcase el 29 de Diciembre como el “Día de las Rondas Campesinas” y declárese al Caserío de Cuyumalca del Distrito y Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, como cuna y patrimonio histórico de las Rondas Campesinas del Perú.

 

13.    Instancia Multisectorial. Créase una instancia multisectorial con participación del sector público y representantes de organizaciones de los PI, CC, CN y RC para la elaboración y ejecución de políticas públicas que desarrollen los derechos colectivos e individuales de dichas organizaciones y sus miembros.

 

14.   Los Censos de población nacional deberán determinar la población perteneciente a PI, CC, CN, y RC.

 

15.   Créase un Seguro integral gratuito para todos los miembros de PI, CC, CN y Rondas Campesinas, que se incluirá en el presupuesto nacional.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- La presente ley entra en vigencia al siguiente día de su publicación en el diario Oficial de El Peruano.

 

SEGUNDA.-  Deróguese el Decreto Supremo Nª 002-93-D/CCFFAA que dispone que las Rondas Campesinas adecuen su organización y funciones a las de los Comités de Autodefensa, el Decreto Legislativo Nº 740 que norma la posesión y uso de armas y municiones por las Rondas Campesinas, el Decreto Legislativo Nº 741, Ley de Reconocimiento de los Comités de Autodefensa, el Decreto Supremo Nº 077/DE-CCFFAA-92 Reglamento de Organización y Funciones de los Comités de Autodefensa, y todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

 

TERCERA.- Archívese todos los procesos penales seguidos contra autoridades de la jurisdicción especial por ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y aplicación de su derecho consuetudinario.

 

CUARTA.- Dispóngase el pago de indemnización por error judicial en los casos de ronderos y miembros de PI, CC y CN que sufrieron privación de libertad o procesos penales vinculados al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

 

QUINTA.- Exonérese de las multas por omisión del canje de Libreta Militar a todos los omisos.

 

SEXTA.- El derecho de tener un procedimiento especial y directo para la revocación y remoción de autoridades locales y regionales desarrolla el derecho constitucional de participación y modifica la ley de participación Ley 26300.

 

SEPTIMA: La aplicación de la ley de conciliación, Ley 26872, y su reglamento no puede afectar la autonomía, atribuciones y alcance de la jurisdicción especial. Las autoridades de la jurisdicción especial no pueden ser nombradas o designadas por el Ministerio de Justicia  ni ninguna otra autoridad estatal. En ningún caso la ley puede reducir las competencias de la jurisdicción especial reconocidas por la constitución.

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Las “Rondas Urbanas” ejercen funciones de vigilancia y seguridad y se acogen a la presente ley en lo que les corresponda.

 

Documento APROBADO en el

I ENCUENTRO  NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS

 

Chocas, Domingo 11 de Marzo de 2001.

 

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